Curso de ética periodistica: ecologistas con prejuicios – por David

 

Que la prensa, tanto escrita como digital, está en uno de sus niveles más bajos en cuanto a ética, credibilidad y calidad, es algo que salta a la vista. Salvo honrosas excepciones, gran parte de los artículos que se publican, o faltan a la verdad, o tienen errores imperdonables o lo que es más frecuente, confunden información con opinión, con lo que engañan a sus lectores haciéndoles creer que una noticia que se supone veraz y contrastada, realmente es una opinión interesada que sigue los dictados de la línea editorial del medio, y en muchos casos, del que financia ese medio. Como se suele decir, «antes de creer todo lo que escribe la prensa, entérate de quién paga la tinta». 

Como no podía ser menos, cuando las noticias se refieren al medio ambiente, a la ignorancia supina de muchos de los que las escriben, hay que sumar el hecho de que para la mayoría de los periódicos, y por desgracia, para la mayoría de la población, la naturaleza y el medio ambiente no son más que un capricho de unos cuantos ociosos, un incordio y una molestia que pone palos en las ruedas al desarrollo económico. La naturaleza es muy bonita para darse un paseo de vez en cuando, a poder ser cerca de donde te deje el coche, y muy útil para presumir con los de fuera sobre lo guapo que es nuestro paisaje en comparación con el suyo. Y poco más. 

Pero para no olvidar la parte didáctica del curso, hoy vamos a comentar un delicioso titular del diario El Mundo, un periódico que en los últimos tiempos se ha convertido en el paradigma del estercolero en el que se revuelca gran parte de la prensa nacional y regional. El artículo en cuestión se titula «Valdecañas: de cómo los ecologistas con prejuicios contra la jet set están a punto de cargarse el paraiso de los fines de semana».

Por si alguno aún no está al tanto de la noticia, en el año 2007, unos señores con mucho dinero propusieron construir un macrocomplejo turístico en una zona paradisiaca en la provincia de Cáceres. La idea era edificar 180 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf, una playa artificial y un club náutico con 76 atraques. Solo había un pequeño problemilla, el lugar donde se iba a construir estaba dentro de una zona protegida, concretamente en la ZEPA ES0000329 Embalse de Valdecañas, que habia sido declarada en abril de 2003 tras la propuesta de la Junta de Extremadura  y que la Unión Europea ya recogió en el listado de espacios protegidos europeos en 2004. La declaración de esta zona protegida, según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la legislación comunitaria sobre los espacios Natura2000, prohibían terminantemente la puesta en marcha del proyecto.  

A pesar de que antes de iniciar las obras se puso en conocimiento de las autoridades que se trataba de unas actuaciones ilegales, los promotores siguieron adelante, con el beneplácito de la Junta de Extremadura, curiosamente la misma que había solicitado a la Unión Europea la declaración de ese espacio protegido. La solución que se les ocurrió a los políticos de turno fue recalificar esos terrenos y de esa forma eliminar la protección que de facto amparaba a ese espacio y así, al olor de los euros que presuntamente llenarían los bolsillos de amigos, parientes y allegados, se podría eliminar esa estúpida figura de protección ambiental. Al fin y al cabo, qué pesa más, una Zona de Especial protección para las Aves, o los 400.000 euros por los que se vendieron cada una de las 180 villas de lujo y los ingresos que generaría todo el complejo. Y para darle más empaque a esta recalificación, la Junta de Extremadura declaró este proyecto como Proyecto de Interés Regional (PIR). Interés para unos pocos, claro.

Pues una vez construido el complejo, con las parcelas y chalets vendidos, un campo de golf a pleno rendimiento, y tras 15 años de litigios, el 8 de febrero de este año, el Tribunal Supremo atiende a la demanda de Ecologistas en Acción y publica la sentencia que confirma que absolutamente todas las instalaciones de Valdecañas, construidas ilegalmente y a sabiendas, tanto por promotores como por gestores y políticos, deber ser demolidas en su totalidad, porque eso es lo que dice la legislacion vigente. Y el derribo de todo el complejo no será barato, ya que costará entre 150 y 200 millones de euros, que deberán ser pagados íntegramente por la Junta de Extremadura, o sea, por los extremeños, porque ni promotores ni políticos se harán cargo de su monumental cagada.

Por supuesto, esta decisión no ha gustado nada, sobre todo a los que se suelen llenar la boca hablando del respeto a la legalidad y al Estado de Derecho, dejando claro que las decisiones judiciales solo les sirven cuando les favorecen. En este caso, la culpa es del medio ambiente, que está muy protegido, y así lo ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Guillermo Fernández Vara, que sin cortarse un pelo ha sugerido que habría que reducir la protección ambiental para permitir este tipo de proyectos. Y qué mejor cosa para convencer al populacho que usar el comodín de la España vaciada y la despoblación, así que según este señor «El exceso de protección ambiental impide acabar con la despoblación«. Lo que para el vicepresidente de Castilla Leon es culpa de la fornicación desaforada y no reproductiva, para el presidente extremeño es culpa de la protección del medio ambiente. 

David Vigario, autor de este artículo publicado en El Mundo, prescinde de toda esta información y acusa a los perversos ecologistas de destruir el paraíso de los fines de semana. Y estos desalmados no lo hacen para que se cumpla la ley, lo hacen porque tienen prejuicios contra la jet set. Por el contrario, los sufridos propietarios y los vecinos de los alrededores, apuran sus últimos cartuchos para evitar «el desastre». Quizás David Vigario y sobre todo el diario que le paga el sueldo, sean los que tienen prejuicios, pero en su caso contra el Estado de Derecho, las leyes y los perroflautas de los jueces del Tribunal Supremo que han dictado la sentencia. 

Pero no nos debemos olvidar de que hay precedentes en los que tras una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, que obligaba a la demolición de los edificios o infraestructuras construidas ilegalmente, sentencias posteriores de otros tribunales se encargaron de tumbarlas. O sea, que ni mucho menos la sentencia se aplicará, al menos por ahora. Los políticos pueden recurrir hasta el infinito, que para eso pagan con dinero ajeno, o sea, el nuestro.

El caso más sonado es el famoso hotel El Algarrobico, construido en la playa de Carboneras (Almeria), en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y por si fuera poco, invadiendo los 100 metros de la franja de dominio público marítimo-terrestre. Tras casi 20 años de de sentencias contrarias a su legalidad, en 2016 el Tribunal Supremo volvió a sentenciar como ilegal esa construcción, pero 6 años después sigue en pie, porque el Tribunal Superior de Andalucía ha rechazado su demolición.

Otro caso flagrante es el de la regasificadora del puerto de El Musel, en Gijón, que el mismo Tribunal Supremo declaró como ilegal en 2016 ya que se había construido a menos de 2.000 metros de un núcleo de población, algo que por supuesto ya se sabía cuando comenzó su construcción, por lo que el proyecto no debería haber sido aprobado. Una sentencia que se unía a varias sentencias anteriores que justificaban su ilegalidad por los mismos motivos. Y otra vez tuvieron que ser los grupos ecologistas los que denunciaran esta ilegalidad, algo que debería ser trabajo de políticos y gestores, que cobran un más que jugoso sueldo para hacer este trabajo y que curiosamente son los que redactan las leyes que ellos mismos incumplen reiteradamente. No debemos olvidar que la inmensa mayoría de las actuaciones de los grupos ecologistas tienen por objeto denunciar las actuaciones que incumplen la ley, ni más ni menos, ya sea por construcciones ilegales, vertidos, contaminación o delitos contra la fauna o la flora.

Pero ya se sabe, si no te gusta una sentencia, cambias la ley, a poder ser retroactivamente, y arreglado. Y así se hizo. Y por arte de magia, la instalación que decenas de sentencias, incluidas la del Supremo, declararon como ilegal, en unos días se pondrá en funcionamiento, para regocijo de los políticos y de las empresas, que ya hablan de la salvación energética que vendrá de la mano de esta instalacióin. Ahora sí les gusta la legalidad.

Parece bastante claro, tanto para los políticos, como para la prensa que los ampara y los mantiene en la poltrona, que la conservación y protección del medio ambiente son un lujo que no nos podemos permitir. Siempre se encontrará una excusa para saltarse la protección ambiental, puede ser la crisis, una guerra, el precio del combustible, el empleo que genera hacer un chiringuito, la despoblación o lo primero que se le ocurra. Y no están dispuestos a permitir que unos ecologistas traten de impedirlo usando como única arma la legalidad que tanto unos como otros se pasan por el arco del triunfo. 

En el caso de Asturias, hace poco más de un mes se presentó en la Junta General del Principado el proyecto de ley del Principado de Calidad Ambiental, cuya mayor novedad es que se sustituirá el trámite de la evaluación ambiental por una declaración responsable de la empresa que presenta el proyecto. De esta forma, se elimina el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), ese cuyo cumplimiento ilegalizaba la regasificadora, entre otras cosas. Ahora todo será mas sencillo, ya que según el vicepresidente del Principado y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, «agilizará el desarrollo económico y empoderará a la ciudadanía». Ese empoderamiento consiste en que la ciudadanía tendrá que fiarse de esa declaración y no tendrá herramientas para alegar contra esos proyectos. 


Pero bueno, tal como dice el propio Cofiño, las reclamaciones de los ecologistas, esos que están cargados de prejuicios, «no van mas allá de un cierto postureo«. 

Todo en orden


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